El 2026 se ha convertido en un año trágico para la administración local en el Perú, marcando una nueva y dolorosa cara de la criminalidad. En los primeros cinco meses del año, tres alcaldes han sido asesinados: Edward Amoroto (Los Aquijes, Ica), Iroshi Ureta Campos (Coviriali, Satipo) y Víctor Hugo Febre (Veintiséis de Octubre, Piura). Estos hechos violentos no solo dejan un vacío en las municipalidades afectadas, sino que plantean un desafío crítico para el nuevo gobierno de Keiko Fujimori. Especialistas advierten que la inseguridad ciudadana ha alcanzado niveles alarmantes al atacar directamente a quienes deben gobernar los territorios.
El dolor detrás de las cifras
Detrás de cada titular hay historias devastadoras. Paz Calle, madre del fallecido alcalde Víctor Hugo Febre, expresó su angustia: “Que se haga justicia... Mi hijo no ha tenido culpa para que lo maten”. El crimen contra Febre ocurrió el 21 de mayo mientras viajaba en una camioneta; la policía detuvo al presunto sicario y a seis personas más, incluyendo a la regidora Patricia Niño. Sin embargo, las investigaciones sobre los casos de Amoroto y Ureta aún continúan con pocos detenidos.
El poder del crimen organizado
Según el criminólogo José Villaorduña, estos atentados buscan demostrar el poder de las organizaciones criminales que intentan gobernar. Al apuntar a alcaldes, los delincuentes atacan la capacidad fiscalizadora y territorial del Estado. La tensa relación entre congreso y ejecutivo ha sido aprovechada por estas redes para debilitar la protección estatal.
El reto de Keiko Fujimori
Para el exministro Carlos Basombrío, las declaratorias de estado de emergencia han fracasado en lugares como Lima o Piura. El nuevo gobierno debe fortalecer equipos de inteligencia y derogar leyes que perjudican la lucha contra el crimen. Franco Olcese añade que Keiko Fujimori necesita resultados visibles pronto para ganar legitimidad política.
