¡Treinta y cinco candidatos, un solo sillón presidencial y una obsesión compartida: acabar con el crimen organizado! La carrera electoral peruana de 2026 se ha convertido en una auténtica competencia por ver quién suena más rudo contra la delincuencia, y es que no es para menos: la inseguridad se ha trepado al primer lugar de las preocupaciones de los peruanos.
Una elección marcada por la inseguridad
Perú vive un momento crítico en materia de seguridad ciudadana. El crimen organizado ha extendido sus tentáculos por todo el territorio nacional, desde las extorsiones que asfixian a pequeños comerciantes hasta el sicariato que cobra vidas a plena luz del día. Según reportes recientes, las organizaciones criminales han sofisticado sus operaciones, y los ciudadanos lo sienten en carne propia cada día.
En este contexto, no sorprende que los 35 aspirantes a la presidencia hayan puesto el tema de la seguridad como eje central de sus campañas. La pregunta ya no es si van a combatir el crimen, sino cómo y con qué tan mano dura. Y aquí es donde la cosa se pone interesante —y un poco preocupante—.
Propuestas punitivas: ¿solución real o puro show electoral?
Como señalan los expertos citados por la agencia AFP, las propuestas punitivas dominan el panorama electoral. Estado de emergencia permanente, penas más severas, mano dura militar en las calles... el menú de opciones suena contundente, pero ¿realmente funciona?
Los analistas advierten que este tipo de planteamientos, aunque suenan atractivos en campaña, no necesariamente atacan las raíces del problema. El crimen organizado en Perú no es solo un tema de policías y ladrones: involucra redes de corrupción enquistadas en el Estado, lavado de activos, narcotráfico y una economía informal que facilita la operación de estas organizaciones.
Sin embargo, en una contienda tan fragmentada —con 35 candidatos peleando por destacar—, la tentación de ofrecer soluciones simplistas y efectistas es enorme. ¿Quién va a ganar más votos: el que propone una reforma integral del sistema de justicia (aburrido, ¿no?) o el que promete sacar los tanques a la calle? La respuesta, lamentablemente, parece obvia.
El factor Ecuador y el efecto Bukele
No se puede entender esta fiebre de mano dura sin mirar lo que pasa en el vecindario. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró un conflicto armado interno contra las bandas criminales, y el salvadoreño Nayib Bukele se convirtió en un fenómeno regional con su política de encarcelamiento masivo de pandilleros. Ambos modelos han capturado la imaginación de votantes en toda Latinoamérica, y Perú no es la excepción.
Varios candidatos peruanos han hecho referencia directa o indirecta a estos modelos, prometiendo replicar estrategias similares. El problema es que las realidades de cada país son distintas, y lo que puede funcionar (o aparentar funcionar) en El Salvador no necesariamente es aplicable en Perú, donde el crimen organizado tiene características propias y una relación mucho más profunda con la corrupción estatal.
Una contienda fragmentada donde nadie despega
Con 35 candidatos en carrera, las encuestas muestran un panorama increíblemente disperso. Ningún aspirante logra consolidar un liderazgo claro, y muchos apenas superan el margen de error en los sondeos. En este escenario, el tema de la seguridad se convierte en la carta que todos quieren jugar para diferenciarse.
La fragmentación también significa que el próximo presidente de Perú podría llegar al poder con un porcentaje muy bajo de votos, lo que plantea serios desafíos de gobernabilidad. ¿Cómo implementar una estrategia seria contra el crimen organizado sin una base política sólida en el Congreso? Esa es la pregunta que pocos candidatos parecen querer responder.
Lo que realmente necesita Perú
Más allá de las promesas de campaña, los especialistas coinciden en que combatir el crimen organizado en Perú requiere un enfoque integral. Esto incluye fortalecer el sistema de justicia, reformar la Policía Nacional, mejorar la inteligencia financiera para combatir el lavado de activos y, sobre todo, atacar la corrupción que permite que las mafias operen con impunidad.
También se necesita inversión en prevención: programas sociales para jóvenes en zonas vulnerables, mejores oportunidades de empleo formal y una presencia del Estado que vaya más allá de los uniformados. Pero claro, todo eso no cabe en un eslogan de campaña.
La gran pregunta es si alguno de los 35 candidatos tiene la voluntad política —y la capacidad— de ir más allá del discurso punitivo. Los peruanos merecen propuestas serias, no solo frases para la galería. Porque una cosa es ganar una elección prometiendo mano dura, y otra muy distinta es gobernar un país donde el crimen organizado ya no es solo un problema de seguridad, sino una amenaza existencial para la democracia.
Con 35 candidatos y la seguridad como eje central del debate, las elecciones peruanas de 2026 podrían definir el rumbo del país frente al crimen organizado por los próximos años.
