Cuando pensábamos que 2025 no podía ponernos más nervios, la rotura del ducto de gas de Camisea llegó para recordarnos que en Perú siempre hay una sorpresa extra. Y esta vez no hablamos de un simple inconveniente logístico: estamos ante un escenario que podría empujar al país peligrosamente cerca de la temida estanflación, esa combinación diabólica de precios subiendo mientras la economía se estanca.
¿Qué pasó con el ducto de Camisea y por qué nos afecta a todos?
A inicios de marzo, el ducto que transporta gas natural desde el yacimiento de Camisea —ubicado en la región Cusco y considerado el corazón energético del Perú— sufrió una rotura que obligó al Gobierno a declarar medidas de emergencia. Osinergmin confirmó el incidente y las autoridades impusieron un racionamiento de gas natural y GLP que se extendería por al menos 14 días.
Suena a algo técnico y lejano, ¿verdad? Pues no. Camisea abastece aproximadamente el 70% del gas natural que consume el país. Su interrupción impacta directamente en la generación eléctrica, el transporte, la industria y, por supuesto, en el balón de gas que millones de familias peruanas usan para cocinar cada día.
El racionamiento implica que hogares, negocios e industrias deben arreglárselas con menos energía durante semanas. Y cuando la oferta de un recurso esencial cae así de golpe, los precios no tardan en reaccionar.
El fantasma de la estanflación toca la puerta
Aquí viene lo preocupante de verdad. La estanflación es un fenómeno económico donde los precios suben (inflación) mientras la actividad económica se frena o retrocede (estancamiento). Es como lo peor de dos mundos: todo más caro y menos plata circulando. Un combo que ningún ministro de Economía quiere enfrentar.
¿Por qué la rotura de Camisea podría desencadenar esto? La lógica es bastante directa:
Por el lado de los precios: al reducirse la oferta de gas natural y GLP, el costo de la energía sube. Eso se traslada al precio del balón de gas doméstico, al transporte público que usa GNV, y a los costos de producción de industrias que dependen del gas. En cadena, los productos finales también se encarecen. Hablamos de alimentos, manufactura y servicios básicos.
Por el lado de la producción: muchas fábricas y plantas industriales que operan con gas natural se ven obligadas a reducir operaciones o incluso a parar. Menos producción significa menos empleo, menos ingresos y menor crecimiento económico. Las pequeñas y medianas empresas, que ya venían ajustadas, son las más vulnerables.
El racionamiento energético no solo encarece la vida diaria de los peruanos, sino que frena la maquinaria productiva del país en un momento donde la recuperación económica ya era frágil.
¿Cuánto podría durar el golpe económico?
Las autoridades han hablado de al menos 14 días de racionamiento, pero los expertos advierten que las reparaciones de este tipo de infraestructura suelen tomar más tiempo del previsto. La zona donde se ubica el ducto es de difícil acceso, lo que complica la logística de reparación.
Incluso después de que el ducto sea reparado, los efectos económicos no desaparecen de la noche a la mañana. Los precios que suben por un shock de oferta rara vez bajan con la misma velocidad. Los contratos comerciales, las cadenas de suministro y la confianza empresarial tardan semanas o meses en normalizarse.
Además, hay que recordar que la economía peruana ya enfrentaba un contexto complicado: el crecimiento del PBI venía mostrando señales mixtas, la inversión privada no terminaba de despegar y el consumo interno estaba contenido por la incertidumbre política que ha caracterizado al país en los últimos años.
El impacto en el bolsillo de los peruanos
Para las familias, el efecto más inmediato se siente en el precio del balón de gas. En condiciones normales, un balón de 10 kilos ya representaba un gasto significativo para hogares de menores ingresos. Con el racionamiento, los precios podrían dispararse por especulación y escasez real.
El transporte también se ve afectado. Miles de vehículos en Lima y otras ciudades funcionan con gas natural vehicular (GNV), una alternativa que muchos taxistas y transportistas adoptaron precisamente para ahorrar costos. Con el suministro limitado, las colas en los grifos de GNV y el aumento de tarifas son consecuencias casi inevitables.
Y ni hablar de los mercados y bodegas: cuando sube el costo del transporte y la energía, los alimentos y productos de primera necesidad terminan más caros en el mostrador. Es una cadena que golpea con especial dureza a quienes menos tienen.
¿Qué puede hacer el Gobierno?
Las opciones no son muchas, pero sí urgentes. En el corto plazo, el Gobierno podría implementar subsidios temporales al GLP para proteger a las familias más vulnerables, acelerar la importación de gas para cubrir el déficit y garantizar que no haya especulación en los precios.
A mediano plazo, este incidente vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de diversificar la matriz energética del Perú y reducir la dependencia de un solo ducto para abastecer a gran parte del país. La infraestructura energética peruana ha demostrado ser un talón de Aquiles que, cuando falla, pone en jaque a toda la economía.
La crisis de Camisea no es solo un problema de tuberías rotas: es un recordatorio de lo frágil que puede ser una economía cuando depende excesivamente de una sola fuente de energía sin planes de contingencia robustos.
Por ahora, los peruanos cruzan los dedos para que la reparación sea rápida y el impacto sea menor al esperado. Pero el debate sobre la estanflación ya está servido, y este episodio podría ser el empujón que nadie quería hacia un escenario económico bastante complicado.
