¡Qué noticia tan dura y escalofriante! La jueza ecuatoriana Lady Pachar Huanca fue asesinada a balazos la tarde del lunes 11 de mayo en la provincia de El Oro, específicamente en la zona limítrofe con Perú. La magistrada, quien laboraba en un juzgado del cantón Santa Rosa, fue interceptada mientras se desplazaba en su vehículo por una vía del municipio de Machala. Según los primeros reportes, la funcionaria judicial se dirigía a realizar actividades personales cuando fue alcanzada por varios sujetos que se movilizaban en motocicletas. Los atacantes dispararon contra el asiento del conductor del automóvil, provocando el fallecimiento de la jueza dentro de su propio vehículo.
Detalles del ataque y las amenazas previas
Lo que más preocupa a las autoridades es que la magistrada ya había reportado amenazas semanas antes de este trágico suceso. De hecho, contaba con medidas de protección por parte del sistema de víctimas y testigos, así como de la Dirección Nacional de Protección de Personas de la Policía Nacional. El jefe policial de El Oro, Renato González, confirmó esta situación, destacando que la jueza estaba bajo resguardo oficial. Sin embargo, durante el ataque, el agente asignado a su seguridad no se encontraba con ella, un detalle que ahora forma parte central de las investigaciones para determinar cómo falló el sistema de protección.
La investigación y la reacción institucional
Tras el ataque, agentes de la Policía de Ecuador y personal de emergencia acudieron al lugar tras recibir alertas de testigos. Durante las diligencias iniciales, se encontraron dos automóviles incendiados en zonas cercanas al lugar del crimen, los cuales se investigan como posibles vehículos utilizados por los responsables para facilitar su escape. Las autoridades están realizando un operativo masivo en distintos sectores de Machala, siguiendo cámaras de seguridad y otras técnicas investigativas para reconstruir la ruta de los atacantes y identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen.
El asesinato de la magistrada ha generado una profunda preocupación en Ecuador, especialmente por tratarse de una funcionaria del sistema de justicia. El Consejo de la Judicatura de Ecuador expresó sus condolencias a los familiares y compañeros de trabajo de la jueza, condenando enérgicamente cualquier acto de violencia que atente contra la vida e integridad de quienes cumplen funciones en el sistema judicial. Este caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de los funcionarios judiciales en el país, y la ciudadanía exige resultados rápidos y contundentes en la investigación.
