La situación de inseguridad en el sector del transporte público ha alcanzado niveles críticos este año. Según datos oficiales, ya van 64 conductores asesinados por presuntos sicarios o extorsionadores en lo que va del 2026, una cifra alarmante para la ciudadanía y las autoridades.
El '100%' de empresas bajo asedio criminal
Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, no se quedó callado ante esta realidad. En declaraciones a RPP, el dirigente gremial confirmó que el problema no solo persiste, sino que se ha intensificado hasta llegar a una preocupante normalización de la muerte en su sector. La cifra es contundente: según Vargas, el 100% de las empresas están siendo extorsionadas.
"Todas, todas (las empresas) están siendo extorsionadas y en todos sitios todas están siendo el 100%, a los carros, los que tienen la plata del momento", señaló Vargas durante su intervención pública.
Criminales más organizados que las autoridades
La modalidad de estos ataques ha evolucionado peligrosamente. Los delincuentes ya no solo buscan dinero en oficinas; van directamente a las unidades de transporte, aprovechando el manejo constante de efectivo por parte de los choferes y la falta de control policial en los paraderos. El monto exigido ronda los 20 soles diarios.
Lo más inquietante es que estos grupos criminales tienen mapeada cada unidad, conocen las placas e incluso poseen información personal detallada de los trabajadores. Esta capacidad operativa ha llevado a Vargas a afirmar, con tono crítico hacia el Estado, que la organización del crimen supera a la de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública.
Propuestas drásticas y operatividad al borde
El miedo no es solo una sensación; está afectando directamente la economía familiar. Muchos conductores han abandonado el sector para dedicarse a otras actividades, temiendo por sus vidas como consecuencia de esta ola violenta. Como resultado, varias empresas hoy operan apenas entre el 30% y 40% de su capacidad real.
Ante lo que Vargas califica como "letra muerta" en las normas aprobadas el año pasado para crear unidades de élite contra la extorsión, el gremio ha planteado soluciones inmediatas. Entre sus propuestas destacan intervenciones serias con regímenes de aislamiento total en penales para los delincuentes, control territorial mediante cuadrantes integrados y cámaras de vigilancia, así como prohibiciones estrictas sobre el transporte en motocicletas.
Una costumbre que duele
Más allá de las cifras frías, la denuncia tiene un fuerte componente humano. Vargas reflexionó sobre cómo parece haberse instalado una especie de indiferencia social: "Lo que más duele quizás como persona... es como si nos hubiésemos hecho ya una costumbre de que maten a nuestros conductores y no se diga nada".
Con el comandante general de la PNP, Ósca Arriola, confirmando los datos del asedio criminal, queda claro que la normalización de esta violencia es uno de los mayores retos que debe enfrentar Lima este 2026. La comunidad internacional observa con preocupación cómo estos crímenes continúan ocurriendo sin una reacción contundente por parte del Estado.
