# Transportistas amenazan con paro nacional si Keiko Fujimori ignora crisis de inseguridad en el sector
*Walter Carrera, presidente de Asotrani, advierte paralización inmediata ante la falta de respuesta oficial sobre extorsiones y asesinatos.*

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- Sección: Seguridad
- Autor: Redacción Ángulo Peruano
- Publicado: 2026-08-14T11:31:31.446Z
> Walter Carrera, presidente de Asotrani, advierte un paro nacional si Keiko Fujimori no recibe a los transportistas para abordar la grave crisis de seguridad por extorsiones y asesinatos que afecta al sector.

## Las claves

- Los transportistas amenazan con realizar un paro nacional indefinido si Keiko Fujimori ignora la crisis de seguridad.
- La tensión se recrudeció en Lima cuando Walter Carrera lanzó este ultimátum a las autoridades políticas del país.
- El conflicto podría generar un impacto económico devastador al afectar el acceso a empleos y servicios básicos esenciales.

La tensión entre los gremios de transporte público y las autoridades políticas se ha recrudecido en Lima. Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportistas del Perú (Asotrani), lanzó un ultimátum contundente: si Keiko Fujimori no acepta una reunión urgente para abordar la crisis de seguridad que asfixia al sector, los conductores iniciarán un paro nacional indefinido.

La advertencia llega en un contexto donde la inseguridad ha dejado de ser solo un tema policial para convertirse en una amenaza directa a la vida y el sustento diario. Los transportistas sienten que sus voces son ignoradas mientras las cifras de extorsión y violencia se disparan, afectando tanto a choferes como a pasajeros.

### La crisis de seguridad como detonante

No se trata simplemente de una disputa laboral o política convencional. El núcleo del conflicto es la supervivencia económica y física de miles de familias peruanas. Los grupos criminales han intensificado sus campañas de extorsión, cobrando "vacunas" a pesar de que muchos transportistas ya trabajan en condiciones precarias.

Según datos recogidos por RPP, los asesinatos selectivos contra conductores no son hechos aislados, sino parte de una estrategia terrorista para silenciar la resistencia del sector. La impunidad y la falta de protección efectiva han generado un clima de miedo que paraliza el trabajo diario.

Carrera enfatizó que las propuestas presentadas por Asotrani buscan soluciones concretas: más patrullaje en zonas rojas, blindaje vehicular subsidiado y una respuesta judicial ágil contra los extorsionadores. Sin embargo, la falta de interlocución con figuras clave como Keiko Fujimori ha llevado a la organización al borde del estallido social.

### El ultimátum político

La decisión de dirigir el reclamo específicamente hacia Keiko Fujimori responde a su perfil en las encuestas y su posible rol como futura mandataria o figura influyente. Los transportistas buscan un compromiso público, una garantía real antes de que cambie la administración estatal.

"Si no nos recibe para abordar esta crisis, el paro será inevitable e inmediato", afirmó Carrera en declaraciones a RPP. "No podemos seguir muriendo mientras los políticos debaten sin tomar medidas concretas contra las bandas criminales"

Esta postura refleja la frustración acumulada de años de negligencia institucional. Los gremios consideran que ignorar su pedido no es solo una falta de protocolo, sino un acto de complicidad silenciosa ante la violencia creciente, según informamos en [¡Atentado contra alcaldes! El reto mortal para Keiko Fujimori](/noticia/atentado-contra-alcaldes-el-reto-mortal-para-keiko-fujimori).

### Riesgo de paralización nacional

Un paro de transportistas en Lima y provincias tendría un impacto económico devastador. La movilidad urbana depende casi exclusivamente del transporte público informal y formal. Una detención masiva afectaría el acceso a empleos, la venta de productos agrícolas y los servicios básicos.

Aunque esta medida es arriesgada para los propios conductores, que dependen de su día de trabajo, la desesperación ha tomado las riendas de la negociación. Asotrani está dispuesta a sacrificar ingresos inmediatos por una respuesta estructural al problema de seguridad.

La comunidad peruana debe estar atenta: no se trata solo de un conflicto laboral, sino de una demanda urgente por derechos humanos y protección estatal ante el crimen organizado que ha tomado las calles.
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